ASAMBLEA CONMINA AL EJECUTIVO A REALIZAR UN TRABAJO CONJUNTO PARA ENFRENTAR LA CRISIS CARCELARIA Y SEGURIDAD A NIVEL NACIONAL.

“Hoy conminamos a todas las instituciones del Estado, para trabajar de manera articulada, oportuna, eficiente y transparente, en defensa de la paz y la seguridad de nuestras familias. Los ecuatorianos merecemos una vida libre de pobreza, de violencia y de inseguridad. Debemos enfrentar unidos y con energía este flagelo. Una estrategia nacional en el marco de políticas públicas es urgente”.

Esta declaración la realizó Guadalupe Llori Abarca, presidenta de la Asamblea Nacional, con motivo de la comparecencia de Alexandra Vela, ministra de Gobierno; Bolívar Garzón, director general de Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y Adolescentes Infractores (SNAI); Tannya Varela, comandante General de la Policía Nacional; y, Jorge Cabrera, jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, quienes informaron sobre las acciones de las entidades a su cargo, ante la grave crisis de seguridad pública que preocupa al país.

Alexandra Vela, ministra de Gobierno, realizó un balance de la seguridad del Estado entre el 1 de enero y el 30 de septiembre de 2021, delincuencia organizada, políticas y estrategias para la seguridad y convivencia pacifica. Además, mencionó que en este lapso hubo 1.742 homicidios de carácter intencional, es decir, 3.6% por encima del promedio mundial. El 61% de esos eventos son de carácter criminal y el 39% de carácter interpersonal. El 79% se realiza en territorio urbano y el 21% en lo rural. Descartó que exista violencia generalizada.

También, habló de la secuencia de asesinatos en las cárceles del país, con pugnas y conflictos violentos durante los últimos dos años. Precisó que entre el 2014 y 2017 se incrementó el número de privados de libertad, en un 40%, lo que produjo hacinamiento. El crimen organizado está relacionado con el consumo y venta de drogas, con disputas de poder. Desde el 2019 surge el incremento de poder interna en las cárceles, con organizaciones delictivas internacionales, agregó.

Por su parte, Bolívar Garzón, director General del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y Adolescentes Infractores (SNAI), mencionó que en el país existen 36 infraestructuras físicas, con una población de 39.000 privados de libertad. Existen 14.803 (40%) de reclusos que se encuentran procesados y no tienen sentencia; 5.000 trámites represados y 5.000 con apremio que no cometieron delito. Hay hacinamiento de privados de libertad; déficit de agentes de seguridad penitenciaria y solo hay 14 jueces penitenciarios, advirtió.

Además, indicó que no hay rehabilitación social en el país, por lo que pidió a la Asamblea Nacional la construcción de una Ley de Rehabilitación Social, ya que al momento se aplica el Código Orgánico Integral Penal, que es punitivo.

En cambio, Tannya Varela, comandante General de la Policía Nacional, señaló que esta institución cuenta con 53 mil efectivos que combaten contra la delincuencia a través de tres subsistemas: preventivo, investigativo e inteligencia. Se refirió a la zona 8, que registra el 27% de violencia. Informó que se han dato 471 homicidios, de ellos el 88% fue ocasionado por arma de fuego; 38% de las victimas tienen antecedentes criminales; 81% relacionado al microtráfico; 8% por amenazas; y, el 6% por diferentes delitos.

Así mismo, precisó que el narcotráfico es la causa principal que ha generado violencia y delincuencia y que el microtráfico provoca que un gran número de jóvenes, niños y ciudadanos consuman sustancias sujetas a fiscalización. “Hay que tratar este tema de manera conjunta e integral con la participación de instituciones del Estado y la sociedad civil para evitar el incremento de la violencia en el país”, subrayó.

El jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Jorge Cabrera, señaló que 42 mil soldados laboran en tierra, mar y aire para hacer un control efectivo en el territorio nacional. Respecto de la seguridad fronteriza, subrayó que realizaron 946 controles militares entre enero y septiembre de 2021; descubrieron 5 campamentos temporales de cultivo de coca en Sucumbíos y 5 en Esmeraldas, mientras que en el mar mantienen vigilancia permanente a flotas extranjeras, con un total de 1.140 operaciones.

Debate

En el debate, 15 parlamentarios se pronunciaron frente a los datos expuestos por las autoridades respecto de la seguridad ciudadana, sobre la crisis carcelaria, el alto nivel de criminalidad y delincuencia organizada en los centros de rehabilitación social, mismos que deben ser enfrentados de forma responsable, con mecanismos de cooperación internacional y corrigiendo vacíos legales para que las instituciones respectivas puedan ejercer sus funciones en el marco del derecho, con presupuesto y el establecimiento de políticas públicas.

Los asambleístas coincidieron en señalar que la crisis carcelaria y la seguridad ciudadana deben ser tratados por vías diferentes, pero con mayor articulación institucional y el establecimiento de una política. También cuestionaron la presentación de las autoridades por su contenido básicamente descriptivo y carente de un enfoque de política pública.

Resolución

Con 92 votos a favor, el Pleno de la Asamblea Nacional conminó al Presidente de la República a la Policía Nacional y a las Fuerzas Armadas trabajen de forma conjunta con el Sistema Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI) en la crisis carcelaria, respetando los derechos humanos de personas privadas de la libertad, hasta que el Ejecutivo manifieste de forma pública que se ha superado la crisis.

También, dispone a la Comisión de Soberanía, Integración y Seguridad Integral, realice acciones con el fin de garantizar la protección interna, el mantenimiento y control del orden público y la seguridad ciudadana; además que elabore un informe sobre la presencia de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas en las fronteras del país; y, que prepare un informe sobre la aplicación del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, Tratos Crueles, Inhumanos y Degradantes (MNPT) dentro de las Cárceles.

Así mismo, recomienda al Mandatario y a la Fiscal que para la identificación de los cadáveres en los centros de privación de la libertad observen lo dispuesto en el Protocolo de Minnesota sobre la Investigación de Muertes Potencialmente Ilícitas (2016); Además solicita al Presidente que se entregue a la Asamblea Nacional en el plazo de 30 días, un informe técnico jurídico que establezca la pertinencia o no de que el Ministerio de Gobierno continúe como órgano rector de la Policía Nacional; y, que a través de Cancillería invite a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a realizar una visita de investigación, dirigida a elaborar un informe sobre la situación de derechos humanos en las cárceles y en particular en la Penitenciaría del Litoral.

Además, dispone al Organismo Técnico de Rehabilitación Social elabore en un plazo de 30 días, un informe consolidado sobre el procedimiento utilizado para el levantamiento e identificación de cadáveres en las cárceles del Ecuador en los meses de febrero y septiembre del presente año.

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